Primero fue el juicio del siglo, contra el mayordomo de Benedicto XVI en 2012. Luego, en 2016, el Vatileaks 2 con cinco imputados, entre ellos el clérigo español Lucio Angel Vallejo Balda y la relaciones públicas Francesca Immacolata Chaouqui. Esta semana el tribunal civil del Estado Vaticano reabrió sus puertas para juzgar a dos altos funcionarios del hospital Bambino Gesù por el desvío de recursos usados para reestructurar el ático del ex secretario de Estado Tarcisio Bertone. Y aunque todavía algunos observadores hablan de procesos «farsa», la justicia vaticana avanza, dejando claro que va en serio su compromiso con la transparencia y la buena gestión. «Es justo que cada uno dé cuentas de los propios comportamientos», ha dicho el cardenal Parolin, actual secretario de Estado
Cuando en 2015 explotó el caso mediático del departamento del cardenal Bertone, pocos creían de verdad que una investigación reservada de oficio podría acabar en denuncia y en juicio. Pero, así como ocurrió durante el pontificado de Joseph Ratzinger con el cuervo del Vatileaks 1, el mayordomo Paolo Gabriele (enjuiciado por robo de documentos confidenciales, condenado e indultado), también en tiempos de Jorge Mario Bergoglio el Papa ha decidido ir adelante con un juicio independiente contra quienes, presuntamente, desviaron dinero.
Se trata de Giuseppe Profiti y Massimo Spina, expresidente y extesorero de la fundación del hospital pediátrico del Vaticano, el Bambino Gesù. Se les acusa de utilizar «de modo ilícito» y a favor del empresario Gianantonio Bandera, la cantidad de 422.000 euros. Según el decreto que los envió a juicio, fechado el 13 de junio pasado y firmado por el juez Giuseppe Dalla Torre, esos recursos estaban en su disponibilidad «con razón de los cargos por ellos ostentados».
El mismo documento dejó claro que, para los promotores de justicia (fiscales vaticanos) Gian Pietro Milano y Roberto Zannotti, el dinero que debía ser utilizado en materiales sanitarios y otros menesteres vinculados a la institución hospitalaria, en realidad sirvió «para fines completamente extrainstitucionales».
Bertone, dispuesto a devolver el dinero
Por primera vez en la historia, un decreto judicial vaticano habla del posible involucramiento –aunque sea tangencialmente– de un cardenal en un presunto delito. De hecho, se indica abiertamente que los recursos fueron usados «para efectuar trabajos de reestructuración de un inmueble propiedad de la Gobernación (del Vaticano), destinado a la residencia del secretario de Estado emérito». A pesar de todo, Tarcisio Bertone no fue citado por los magistrados tras declarar públicamente que nunca estuvo al corriente del origen de los pagos.
En su decreto, el juez constató que el supuesto delito fue cometido dentro del territorio de la Ciudad del Vaticano entre noviembre de 2013 y el 28 de mayo de 2014. Y convocó a los imputados a comparecer en el tribunal este martes 18 de julio a las 10 horas en una primera audiencia de un juicio que podría extenderse. Por lo pronto, Profiti y Spina comparecen ante un colegio compuesto por los jueces Paolo Papanti-Pelletier, Venerando Marano y Carlo Bonzano.
Todo este caso se remonta al interregno papal de 2013 y al periodo inmediatamente posterior. En los primeros meses del pontificado de Francisco, el todavía secretario de Estado Bertone dio por hecho que ya no continuaría ocupando el apartamento propio de su cargo, ubicado en el segundo piso del Palacio Apostólico. Así logró la asignación de una nueva morada en el Palacio de San Carlos, ubicado a pocos pasos de la actual residencia papal de Santa Marta.
Dos apartamentos contiguos liberados por empleados vaticanos formaron una superficie de poco más de 300 metros cuadrados. Pero, a juicio del cardenal, requerían de una reforma. Los trabajos fueron asignados, sin concurso ni licitación, a la empresa Cartelli Re del constructor Bandera. Meses después, la triangulación se filtró a la prensa y estalló el escándalo. Ante el clamor periodístico, el ex secretario de Estado argumentó que desconocía el origen de los recursos y que estaba dispuesto a devolver el dinero. Según sus propias palabras, depositó 300.000 euros de su bolsillo para abonar las facturas que le envió la Gobernación del Estado Vaticano. Pero a esa cifra se le deben sumar los 422.000 que ahora reclaman los magistrados.
«Una decisión estratégica»
Giuseppe Profiti, nombrado al frente de la fundación por el propio Bertone en 2008, reconoció haber pagado la reestructuración con dinero del hospital porque, dijo, se trataba de «una inversión para un más amplio proyecto de desarrollo», una «decisión estratégica». En abril de 2016 precisó: «La definí estratégica porque en aquel lugar habríamos realizado, en los próximos años, algunas importantes iniciativas para la fundación. El apartamento del secretario de Estado emérito servía para las reuniones finalizadas a recoger fondos».
Efectivamente. Algunos correos electrónicos entre el cardenal y el funcionario demuestran la idea de involucrar al primero en actos sociales encaminados a obtener un «retorno institucional y económico relativo». Para sostener su defensa, Profiti ya afirmó que, gracias al involucramiento de Bertone en primera persona, las donaciones a la fundación que él presidía se elevaron notablemente. En su momento, el purpurado había prometido por carta involucrar «a terceros» en los gastos de refacción, pero nada se supo de estas personas y sus aportaciones.
Ahora, tres años después, llegó el momento de la justicia vaticana. Como anticipó estos días el actual secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, se trata de actuar «en línea con aquella transparencia que debe haber dentro de la Iglesia, en la cual el Papa ha insistido tanto». Y apuntó: «Es justo que cada uno dé cuentas de los propios comportamientos».
El mismo Francisco ya se manifestó sobre este caso, aunque de modo indirecto. Lo hizo recibiendo a la comunidad del hospital (directivos, médicos, enfermeros, pacientes y familiares), el 15 de diciembre de 2016, durante una audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano. Guiaba aquel numeroso grupo de personas Natalia Enoc, nueva presidenta de la fundación y responsable de poner orden tras la anterior gestión.
Ese día, el Papa decidió salirse del discurso preparado e improvisar algunas frases incisivas, clarificadoras. «El Bambino Gesù tuvo una historia no siempre buena: no siempre, tantas veces ha sido buena pero algunas épocas no tanto… con la tentación de hacer la uniformidad, de transformar una cosa tan bella como un hospital de niños en una empresa y hacer negocios: los médicos se vuelven negociantes, los enfermeros…, ¡todos negociantes!», señaló el Pontífice.
Y, más adelante, sentenció: «No digo que todo sea perfecto para quien trabaja en el Bambino Gesù, pero la marca de fábrica [del hospital] es estar cansado, sudado, sucio, también con ganas de irse a casa, pero con ganas de quedarse, dar la vida ahí. Pero de una sola cosa tengo miedo: de la corrupción. Miren a los niños: ¿Yo puedo hacer negocios corruptos con estos niños? ¡No! Yo puedo terminar la jornada sudado, sucio, cansado, con ganas de decir una palabra un poco… y mandar alguno allá lejos, sí, pero sin corrupción, que no viene de un día a otro. Se resbala lentamente, hoy un soborno aquí, mañana un soborno allá, pasado mañana una recomendación allá y lentamente, sin darnos cuenta, se termina en la corrupción. Los niños no son corruptos. Y en este mundo en el cual se hacen tantos negocios con la salud, se engaña a tanta gente con la industria de la enfermedad, el Bambino Gesù debe saber decir no. Pecadores somos todos, pero corruptos jamás».
Andrés Beltramo Álvarez
Ciudad del Vaticano
Alfa y Omega
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