El Proyecto Base 25 ha frenado, solo en la última semana, tres lanzamientos de vivienda. Cáritas Diocesana presta asistencia letrada, mediación con los bancos y participa en la construcción de un parque de viviendas para personas sin recursos
Solo en la última semana Cáritas ha paralizado tres lanzamientos de vivienda en Tenerife, en coordinación con la Dirección Insular de Vivienda del Cabildo y de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Canarias.
El primero de los casos afectaba a un hombre de unos 50 años de edad, residente en el sur de la isla, inmerso en un procedimiento de ejecución hipotecaria. El gabinete jurídico de Cáritas medió con la entidad bancaria para conseguir que se suspendiera el procedimiento e inicie una negociación para facilitar al inquilino continuar viviendo en el piso con un alquiler social.
La segunda paralización afecta a una mujer que ocupaba una vivienda propiedad de otra entidad bancaria, localizada también en la zona sur de Tenerife. Cártias contribuyó a que se lograra acordar con la entidad bancaria la paralización del proceso mientras se acompaña a la mujer en la búsqueda de una alternativa.
El último de los casos es el de una mujer y su hija menor de edad que residían en una Vivienda de Protección Oficial (VPO) dentro del área metropolitana de Tenerife. La casa les había sido entregada por otras personas, ya fallecidas, a quienes les fue adjudicado el piso.
Proyecto Base 25
Todas estas actuaciones de Cáritas Tenerife se enmarcan dentro del nuevo Proyecto Base 25, financiado por el Cabildo de Tenerife y en el que colabora el Gobierno de Canarias, cuyo objetivo es prevenir y evitar que haya personas sin hogar en las islas.
Solo en el último mes, Base 25 ha paralizado el desahucio de veinte familias en los municipios de Güímar, Tacoronte, La Laguna y Granadilla.
En el primer caso, las personas afectadas eran 30, de ellas 16 menores. Una sentencia imponía una multa a los denunciados y les obligaba a desalojar el inmueble. Desde Cáritas se interpuso un recurso de apelación al no haberles sido asignado un abogado de oficio, lo que obligó al juez a dictar una providencia admitiendo el error y ordenando la repetición del proceso.
En el caso de la familia de Tacoronte, donde estaban afectadas cuatro personas, el desahucio se produjo por impago de rentas de alquiler. Tras estudiar el caso, los letrados de Cáritas apreciaron indicios de una posible estafa que llevó a la familia a la pérdida de la propiedad en la que venían residiendo desde hace varias generaciones. El proceso de desahucio ha quedado suspendido hasta que se esclarezca definitivamente el caso.
Por otro lado, desde Base 25, y en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno regional, el 15 de junio se logró paralizar el desalojo de 9 familias, varias de ellas con menores de edad, de un edificio de San Isidro, en Granadilla de Abona, y se ofrecieron vivendas alternativas a otras 9 unidades familiares afectadas por un lanzamiento en otro inmueble de la misma localidad. Actualmente, se continúa trabajando junto al Ayuntamiento y la Plataforma por la Dignidad de la Vivienda Montaña Clara en la identificación de situaciones similares en otros edificios que se encuentran ocupados.
De igual modo, Cártias Tenerife ha llegado este mes a un acuerdo con Bankia para facilitar un alquiler social a una familia de cuatro miembros, uno de ellos un menor de 4 años, que residían en una vivienda de Las Chumberas, en La Laguna, sobre la que pesaba una orden de lanzamiento. La familia iba a ser desalojada por la extinción del contrato de arrendamiento del inmueble, que previamente había pasado de la propietaria al banco por ejecución hipotecaria. La mediación de Cáritas, junto al Gobierno de Canarias y el Cabildo insular, ha permitido a la familia continuar residiendo en la vivienda, abonando un alquiler social de 150 euros.
Paralelamente, Cáritas Diocesana de Tenerife está trabajando junto a las administraciones públicas en la constitución de un parque de viviendas en régimen de alquiler social, a las que podrán acceder los beneficiarios del proyecto Base 25. La iniciativa se dirige a usuarios que carezcan de otras alternativas y que acepten un proceso de acompañamiento e intervención a través de un equipo multidisciplinar, para incidir en las causas que originaron la situación en la que se encuentra.
Agencias/ Alfa y Omega
