El Arzobispado de Zaragoza ha anunciado su personación en el procedimiento sobre la inmatriculación de la catedral de La Seo y la iglesia de la Magdalena planteado por el Consistorio municipal.
El abogado de la diócesis, Ernesto Gómez Azqueta, ha dudado de la legitimación del Consistorio para reclamar dicha nulidad, así como de la competencia del Gobierno municipal para iniciar el procedimiento administrativo, y ha manifestado su "tranquilidad absoluta" ante este proceso.
El Gobierno de Zaragoza, en virtud de un compromiso de Zaragoza en Común (ZEC) y CHA para esta legislatura, decidió el pasado 27 de marzo reclamar la nulidad de la inscripción en el registro de estos dos templos con el objetivo de que pasaran a ser de dominio público.
Lo hizo pocos días antes de que prescribiera la posibilidad de solicitar la titularidad (el próximo 8 de abril en el caso de la Magdalena y en 2018 para La Seo).
Ante esta situación, la archidiócesis zaragozana ha recurrido a varios expertos para que, "desde su independencia profesional", muestren sus argumentos y rebatan al Ayuntamiento.
En primer lugar, ha dudado de la legitimidad del Consistorio para solicitar la propiedad de estos dos templos, ya que "no vale con decir que te gustaría que fuera de la ciudadanía", sino que hay que demostrar que tiene un título mejor, mientras que la Iglesia ha acreditado que los posee "desde tiempo inmemorial".
Asimismo, ha asegurado que la inscripción fue legal y que en ningún caso hubo fraude de ley, dado que en el momento de la inmatriculación (en 1987 y 1988) el reglamento al efecto establecía una excepción a la inmatriculación para los templos destinados al culto católico por su "notoriedad".
Una excepción que no se entiende en este caso como prohibición sino como que "no hace falta" dicha inscripción y que, de todos modos, quedó eliminada en la reforma del reglamento de 1998, que permite expresamente a la Iglesia inscribir sus bienes.
En ese sentido, de Salas ha recurrido a la Constitución, que dice que el Estado español es aconfesional, por lo que no permitir a la Iglesia católica inscribir sus inmuebles sería "discriminarla".
Por todo ello, ha considerado que se está "retorciendo la ley" con fines "partidistas" y ha alertado de que "se va a acabar discriminando a la Iglesia católica en la propiedad legítima de un bien por una razón ideológica".
Ha criticado también la "visión reduccionista de estos grupos", en referencia a ZEC, que identifican los bienes públicos y la función social con el Estado o un ayuntamiento cuando la propia Iglesia es más antigua que estos y su función social no la lleva a cabo "ninguna" administración.
De Salas ha animado al Gobierno de la ciudad a que pregunte a toda la ciudadanía por este hecho, ya que cree que se llevarían una "gran sorpresa".
Por su parte, Alejandro González-Varas, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ha insistido en que la ley en ningún momento ha discutido la propiedad de estos bienes y en que es abundante la legislación que reconoce la titularidad eclesiástica de buena parte del patrimonio artístico español, cuyo mantenimiento y conservación no implica que haya que "quitar" su propiedad a nadie.
Ha citado la Ley 3/1999 de Patrimonio Cultural Aragonés y, especialmente, la propia Constitución de 1978, que estipula en su artículo 16 la libertad religiosa y la obligación del Estado de cooperar con la Iglesia católica y las demás confesiones.
Intentar despojarla de sus titularidades, a su juicio, es "todo lo contrario" al mandato de este precepto constitucional.
Además, ha esgrimido el artículo 46 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar la protección del patrimonio español, sea cual sea su régimen o titularidad.
Por otro lado, ante el anuncio de movilizaciones por parte de Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) en las que pretenden entrar en la catedral sin abonar la entrada, el profesor ha subrayado que la ley permite el cobro de esta entrada y que el hecho de que un bien sea declarado de Interés Cultural no justifica que cualquiera pueda entrar "cuando le apetezca y gratis".
En ese caso, los manifestantes podrían incurrir en un "allanamiento de morada", al entrar en una propiedad privada sin consentimiento, ha asegurado.
(RD/Agencias)
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