Madrid regula los derechos de las personas al final de la vida

Es la octava región que legisla sobre el asunto, mientras que en el Congreso se podría debatir una Proposición de Ley tras presentarla PSOE y Podemos

La Asamblea de Madrid aprobó el jueves su primera ley para defender la dignidad del paciente en el proceso de la muerte. Un texto en el que se ha conseguido el consenso de todos los grupos políticos y que propone, entre otras medidas, habitaciones individuales para los enfermos terminales, el derecho a que reciban cuidados paliativos que les limiten al máximo sufrimiento y dolores, y la obligación de los médicos de atender a esta petición. La ley también pretende dar garantías a la actuación de los facultativos, y establece un informe anual que controle la efectividad de su aplicación.

El texto de esta norma, cuyo nombre completo es Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el proceso final de la vida, incluye a Madrid entre las regiones que regulan el tratamiento médico en los casos de enfermedades terminales, algo que ya existe en regiones como Andalucía, Navarra, Galicia, Canarias, Aragón, Baleares o el País Vasco. Y podría existir una legislación estatal sobre el asunto, que incluso no descarta contemplar la posibilidad de conceder permisos laborales para familiares de pacientes a punto de morir.

Madrid cuenta en la actualidad con unidades de cuidados paliativos en sus hospitales y en la atención primaria. Concretamente, este servicio se presta desde el año 1991, y en la actualidad existen 539 profesionales de la sanidad dedicados de forma exclusiva a esta materia, en 17 equipos de soporte de atención primaria, 11 equipos en hospitales, y 11 unidades de hospitalización de media y larga estancia, además de una unidad pediátrica de cuidados paliativos en el Hospital del Niño Jesús. En el año 2015, atendieron a cerca de 22.000 pacientes.

Pero la ley que ayer se aprobó por unanimidad –y que surge de una propuesta del diputado socialista José Manuel Freire– va más allá, y normaliza el modo en que el sistema sanitario madrileño enfrenta los últimos momentos de la vida de los pacientes. Desde que la planteó en la Asamblea madrileña en mayo del año pasado, el texto ha sido objeto de varias modificaciones, con el objeto de consensuar una redacción que estuvieran dispuestos a apoyar tanto PP –incluidos los diputados provida que en otras ocasiones han votado en contra de la posición oficial del partido– como PSOE, Ciudadanos y Podemos. Del texto original se cayó, por ejemplo, la referencia a la eutanasia, que la formación morada quería despenalizar y los populares no tienen intención de abordar.

El resultado final es una ley «que ya es de todos», como señalaba ayer el diputado socialista José Manuel Freire, en la que se establece el derecho del paciente terminal a ser informado sobre sus posibilidades reales, tratamientos posibles y consecuencias de los mismos; a decidir sobre cómo quiere ser atendido médicamente al final de su vida; a recibir tratamientos paliativos que reduzcan su dolor y sufrimiento; y a que estos los pueda recibir tanto en el hospital como en su propio domicilio. Y a que, cuando llegue el momento del tránsito final, pueda vivirlo con la debida intimidad, en una habitación individual y rodeado, si lo desea, de su familia.

La norma recoge el derecho de los pacientes a suscribir un documento de instrucciones previas, que ahora solo puede realizarse en unas oficinas situadas en el centro de Madrid, y que de acuerdo con la ley podrá formalizarse en cualquier centro de salud de la región. Los médicos estarán obligados a respetar las instrucciones que contenga dicho documento.

Además, la nueva ley define la sedación paliativa como «administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, con su consentimiento explícito».

Médicos de familia

Como garantía de que el texto legal se aplica con eficacia, la propia ley establece en sus disposiciones finales la obligación del Gobierno regional de presentar anualmente un informe a la Asamblea, así como realizar encuestas de satisfacción de los madrileños con el cumplimiento de la norma.

La normativa prevé que la Consejería de Sanidad deberá procurar «una formación específica de alta calidad a sus profesionales» en este ámbito, empezando por los médicos de familia. Y también establece medidas concretas relacionadas con los menores con enfermedades en fase terminal, que también tienen, por ley, derecho a «recibir información adaptada a su edad, madurez o desarrollo mental, y estado afectivo y psicológico», a ser atendidos «en la medida de lo posible por el mismo equipo de profesionales» y a contar con la presencia de sus padres «el máximo tiempo posible».

En el Congreso de los Diputados podría debatirse en los próximos meses una iniciativa parlamentaria, ya que tanto el PSOE como Podemos han presentado dos proposiciones de ley. Igualmente, Ciudadanos ha anunciado su intención de llevar también esta cuestión a debate. La propuesta será apoyada por la mayoría de la Cámara, ya que gran parte de la oposición se ha mostrado favorable a respaldar su aprobación.

ABC/Alfa y Omega