Bajo el lema "Tenemos 72 horas para actuar",
las entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y
migrantes -Cáritas, CONFER, el Sector Social de la Compañía de Jesús y
Justicia y Paz- lanzan hoy una campaña viral derecogida de firmas para reclamar al Gobierno de
España su oposición a ratificar, en la reunión del Consejo Europeo que se
celebra los próximos 17 y 18 de marzo, el principio de acuerdo alcanzado la
semana pasada entre la Unión Europea y Turquía para devolver a suelo turco a los refugiados y migrantes que
llegan a territorio europeo a través de la Frontera Este.
Según el texto aprobado,
por cada persona siria devuelta desde la UE a Turquía, se trasladaría a una
persona siria desde este país a Europa, aunque el cuándo y el cómo de ese
reasentamiento son cuestiones absolutamente inciertas. El resto de personas migrantes
y refugiadas procedentes de otros países que lleguen a Grecia se devolverían a
Turquía.
Para las entidades promotoras de la campaña, este plan supone llevar a cabo devoluciones colectivas y
tratar a las personas que huyen de la guerra y de las migraciones forzadas como
monedas de cambio. Además, vulnera los derechos humanos y el estado de derecho
en Europa.
No se trata de una crisis de refugiados sino de una
crisis de Europa, ya que lo que se pone en juego con la firma de este acuerdo
son los valores y la identidad europea. Cabe señalar, además, que tanto España como Europa tienen los medios para ayudar a estas
personas.
Por esa razón, se pide al Gobierno español
hospitalidad en vez de hostilidad y se exige al Consejo de la
Unión Europea la protección de migrantes y refugiados con derechos, y la
adopción de políticas urgentes de acogida e integración,
en vez de medidas que alientan el miedo y rechazo al otro.
Además, el acuerdo, que
sería contrario al Derecho Internacional y al Derecho Comunitario, ha sido
rechazado también por numerosas instituciones civiles y por la inmensa mayoría
del Congreso.
Las organizaciones de
Iglesia que trabajan con personas migrantes y refugiadas se suman al rechazo a
este acuerdo. Para ello, a través de la recogida de
firmas se pide al Gobierno español que no apoye la ratificación
del mismo y que defienda:
-
Mantener abiertas las fronteras externas de la Unión Europea para garantizar el
acceso a las personas con necesidades de protección.
-
Tramitar individualmente cada solicitud de asilo y sin discriminación por razón
de nacionalidad, conforme a la normativa europea e internacional.
- La
prohibición de devoluciones colectivas a Turquía o a cualquier otro país.
- La
necesidad de solidaridad con los países europeos a donde están llegando la
mayoría de los refugiados, así como con los países limítrofes a los conflictos,
que albergan las cifras más elevadas de personas refugiadas.
-
Establecer vías de acceso legal y seguro a Europa, y un sistema de distribución
de la población refugiada en Europa que sea justo para los Estados y para las
personas refugiadas.
- La
necesidad de abordar las causas por las que tantas personas abandonan
involuntariamente sus hogares por el miedo, la guerra o el hambre.
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