Denuncia Europol que, en el último año, se ha perdido
el rastro de 10.000 niños refugiados que
han llegado hasta la Unión Europea. Un fenómeno frente al que se reclama la
acción inmediata de los estados para que pongan en marcha todos los
dispositivos para prevenir futuros casos y encontrar a los menores
desaparecidos. Pero, ¿y en España?
¿Algunos de estos casos se han dado en nuestro país
con menores refugiados y migrantes en general? Al no detallar Europol casos
concretos por nacionalidades, resulta esencial acudir a las
denuncias de las instituciones centradas en la lucha contra la
trata y la atención a quienes cruzan nuestras fronteras huyendo de la guerra,
la persecución o la miseria. No es fácil recabar información concreta, pero lo
poco que se va conociendo estremece.
En conversación con Vida Nueva, Rosa Flores, directora
del Centro de Migraciones de Cruz Roja en Puente Genil (Córdoba),
ofrece un dato: "Durante 2015 se han documentado 654 casos en los que los equipos de Cruz Roja Española han
detectado indicadores de trata de seres humanos. De ellos, 141
correspondían a niñas y niños, de los cuales 113 están en paradero y situación
desconocida. Desgraciadamente, estos números no suponen más que la punta del
iceberg".
Otros indicadores muestran que, durante el primer
semestre de 2015, desaparecieron de centros de acogida en toda
España un mínimo de 35 madres con 39 niños, 13 embarazadas y una adulta con
discapacidad intelectual aparentemente también en estado de
gestación.
La Fundación Amaranta (una de las muchas iniciativas
de las religiosas adoratrices destinadas a combatir la trata y al
acompañamiento de víctimas de la prostitución y sus hijos) tiene constancia de 60 menores robados en todo 2015 en el país. De sus
propios centros desaparecieron tres bebés y dos madres. Si nos alejamos un
poco, la perspectiva es dantesca: el Defensor del Pueblo estima que desde 2013
han desaparecido entre 130 y 180 mujeres y pequeños en esta situación.
Un ejemplo de la indefensión de los menores que llegan
a España como refugiados o migrantes en general lo recoge detalladamente una
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo emitida el 22 de mayo de
2014. Aunque se trata de una simple declaración de que las competencias para
hacerse cargo de un caso corresponden al Juzgado de L'Hospitalet de Llobregat,
son muy significativos los hechos que se relatan: el 10 de septiembre de 2013, ocho mujeres subsaharianas -siete con menores de
muy corta edad a su cargo y otra embarazada- llegaron en patera y
posteriormente fueron acogidas en Puente Genil, siendo atendidas durante 10
días en el Centro de Migraciones de Cruz Roja.
Allí se pudo comprobar, recoge la sentencia, que
"dos de las chicas hacían de ‘madam' o controladoras de las otras,
teniendo teléfonos móviles y detectándose un cierto grado de sumisión por parte
de las demás". A las siete que venían con
bebés a su cargo se les hizo la prueba del ADN. Los resultados no
llegaron hasta el 30 de enero de 2014, comprobándose que en ninguno de los
casos ellas eran realmente las madres... Pero ya era tarde, porque, desde el 20
de septiembre anterior, todas ellas ya habían abandonado repentinamente el centro,
dejando allí ropa y objetos personales.
Tras interceptar la policía
los teléfonos de las dos controladoras, se pudo saber que las chicas habían
sido llevadas a Barcelona y, desde allí, a través de una red de trata, habían
sido repartidas entre Hospitalet, Sevilla, Almería, Italia o Francia. En todos
esos lugares, se constata, "tienen a las mujeres extranjeras sometidas y
obligadas a ejercer la prostitución a efectos de pagar la deuda supuestamente
contraída". Del destino de todos los menores, así como su origen o la
identidad de sus auténticos familiares, no se dice nada.
(Miguel Ángel Malavia, en Vida Nueva)
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