El Santo Padre recibió esta mañana en audiencia a una
delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal a quien dirigió un
discurso centrado en los puntos que, en ese ámbito, interpelan a la Iglesia en
su misión de evangelización y de promoción humana.
El
Papa comenzó recordando a los juristas la necesidad de adoptar instrumentos
legales y políticos que no caigan en la lógica mitológica del ''chivo
expiatorio'' es decir del individuo acusado injustamente de las desgracias que
afectan a una comunidad y por ellos sacrificado, y de rechazar la creencia
según la cual la sanción penal consigue beneficios que requerirían, en cambio,
la implementación de políticas sociales económicas y de inclusión social.
También, reiterando el primado de la vida y la dignidad de la persona, reafirmó
la condena absoluta de la pena de muerte, que para un cristiano es inadmisible
y, en este contexto, habló también de las llamadas ''ejecuciones
extrajudiciales'', es decir los homicidios deliberados cometidos por algunos
estados o sus agentes y presentados como consecuencia indeseada del uso
razonable, necesario y proporcional de la fuerza para aplicar la ley. Asimismo
destacó que la pena de muerte es utilizada en los regímenes totalitarios como
''un instrumento de supresión de la disidencia política o de persecución de las
minorías religiosas o culturales''.
Después
habló de las condiciones de los encarcelados, entre ellos los presos sin
condena y los condenados sin juicio afirmando que la prisión preventiva, cuando
se usa de forma abusiva constituye otra forma contemporánea de pena ilícita
oculta, más allá de la legalidad.
También se refirió a las condiciones
deplorables de los penitenciarios en buena parte del planeta, que si a veces se
deben a la carencia de infraestructuras, otras son el resultado del ''ejercicio
arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad''.
Francisco habló también de la tortura y de otros tratos inhumanos y
degradantes, afirmando que en nuestros días las torturas se administran no sólo
como un medio para lograr un fin particular, tales como la confesión o denuncia
-practicas características de la doctrina de la seguridad nacional - sino que
constituyen un dolor añadido a los males propios de la detención. La misma
doctrina penal- señaló- tiene una importante responsabilidad en esto por haber
permitido en ciertos casos, la legitimación de la tortura en determinadas
condiciones, abriendo el camino para abusos posteriores.
No
olvidó el Papa la aplicación de sanciones penales a los niños y ancianos
condenando su uso en ambos casos, ni tampoco algunas formas de criminalidad que
hieren gravemente la dignidad de la persona y el bien común, entre ellas la
trata de personas y la esclavitud, ''reconocida como crimen contra la humanidad
y crimen de guerra tanto por el derecho internacional como en tantas
legislaciones nacionales''.
Entre estas formas de criminalidad citó también la
pobreza absoluta en que viven más de milmillones de personas y la corrupción.
''La escandalosa concentración de la riqueza global -dijo- es posible a causa
de la connivencia de los responsables de la cosa pública con los poderes
fuertes. La corrupción, es en si misma un proceso de muerte... y un mal más
grande que el pecado. Un mal que más perdonar hay que curar''.
''La
cautela en la aplicación de la pena -concluyó- debe ser el principio regidor de
los sistemas penales... y el respeto de la dignidad humana no sólo debe actuar
como límite de la arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino
como criterio de orientación para perseguir y reprimir las conductas que
representan los ataques más graves a la dignidad e integridad de la persona''.
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